En medio de escenarios nada fáciles para la economía del país, esta versión número 28 de la “Fiesta del Trabajo”, que se abre hoy, lo hace como siempre, con un impulso de optimismo y esperanza, más que nunca necesarios en tiempos de dificultades, rescatando aquella sabia noción de que las crisis siempre encierran una oportunidad de renovación y de innovación, de búsqueda de nuevos caminos y de despliegue de la creatividad y de la laboriosidad.

Hacemos alusión, desde luego, a dos tipos de circunstancias difíciles: las externas, provenientes de la crisis mundial que viene azotando al mundo desde el año pasado, y las internas, marcadas por la búsqueda de rumbos todavía inciertos para la política y la economía, tras la llegada al poder de un nuevo equipo gubernativo.

La pregunta que se impone es, ¿hemos hecho bien las tareas para superar esta crisis? Y aquí es donde, necesariamente, debemos abordar el desempeño de la nueva administración política del país.

El gobierno del presidente Fernando Lugo tuvo la mala fortuna de que la crisis mundial estallara apenas hubo asumido el mando. La emergencia sorprendió desprevenido a un equipo, aun no consolidado, que apenas estaba esbozando sobre la marcha los planes de gobierno, y que, imprevistamente, se topó con situaciones que modificaban dramáticamente el cuadro global de la situación.

Los gremios empresariales ofrecimos, ya desde antes de la asunción del nuevo gobierno, nuestra  colaboración para articular planes, propuestas y políticas de Estado tendientes al siempre anhelado despegue económico del país. Simultáneamente, sin embargo, los sectores más radicales de la coalición triunfante empezaron a presionar con situaciones de hecho, como la invasión y ocupación de propiedades privadas, y reclamos destemplados de una política social y económica inspirada en el “socialismo del siglo XXI”, que tanto daño ha causado ya en otros países de nuestro continente.

Desafortunadamente, desde las más altas esferas del gobierno, se advirtió – y se advierte – una postura ambigua, casi complaciente con ese tipo de reclamos, al mismo tiempo que se brindaban promesas al sector privado del más estricto respeto a la legalidad.

Están en pugna, en nuestro país, dos maneras de enfocar y realizar la prosperidad con justicia social: la primera, antes mencionada, es la de generar el cambio mediante la movilización de sectores sociales que se consideran a sí mismos “populares”, pero que sustentan una concepción excluyente del “pueblo”, en oposición  a lo que denominan las “clases dominantes”. Esta noción reconoce su origen en la lucha de clases propugnada por el marxismo, complementada por la estrategia leninista de que pequeños grupos radicalizados pueden copar las instituciones democráticas, aun por la violencia.
 

La otra opción, que sustentamos quienes verdaderamente nos sentimos consustanciados con la democracia, es la de impulsar un “proyecto país” incluyente, pero sin torcer un ápice la legalidad, que, aunque imperfecta, sólo puede ser modificada mediante los procedimientos establecidos por la propia Constitución y a través de los canales que la misma impone. Estamos convencidos de que, aunque las leyes pueden ser injustas o inadecuadas, no se puede buscar la justicia al margen de la ley.

Para ser honestos, debemos reconocer que la impaciencia y la búsqueda de atajos a la ley, se sustentan en un pasado muy anterior a la actual administración. Desde la época de la dictadura, y durante todo el proceso democrático, los sucesivos gobiernos han manipulado y manoseado hasta el extremo la interpretación y la aplicación de las leyes, lo que motiva una desconfianza hacia el Estado de Derecho y la eficacia de las instituciones democráticas.

Mal haríamos, sin embargo, en sumarnos a esa actitud de “echar en gorra la ley” – como algunos han propugnado -, pese a que los empresarios nos hemos visto a menudo tentados a buscar justicia por mano propia, ante la violación impune contra las normas que protegen la propiedad privada y la libre competencia. Nuestro empeño es consolidar las instituciones, despojarlas de sus vicios y corrupciones y orientarlas hacia el servicio al bien común.

No nos engañemos: en un país pletórico de recursos naturales y humanos, lo que conspira contra nuestra prosperidad y bienestar es la falta de seguridad jurídica, el marco de previsibilidad que nos permite construir el futuro, sin temores ni sobresaltos. Desde una administración de justicia que fracasa en garantizar la vigencia efectiva del Estado de Derecho, un Parlamento que no asume con responsabilidad y coherencia su obligación legislativa, hasta un Poder Ejecutivo – el actual y los anteriores – no convencido de su deber de respetar y garantizar la eficacia de las instituciones.

Del otro lado, se observa una ciudadanía no consciente de que la legalidad es el marco imperfecto,  pero el único posible, de asegurar una convivencia digna y civilizada, respetuosa de los derechos propios y ajenos, pero a la vez con la autoridad moral y jurídica necesaria para exigir el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de todos.

No en balde, los empresarios situamos como clave de la seguridad jurídica el respeto de la propiedad privada, no porque ello sea una defensa de los poderosos, como sostienen sus detractores, sino porque es esencial a la vida y la seguridad de todas las personas, incluso aquellas que lo cuestionan, pero que reclaman acceso a bienes para ser también propietarios. Por ello, hacer tabla rasa o debilitar ese derecho, convierte a la sociedad en un escenario de luchas y confrontaciones sin fin.

No deseamos ese escenario para nuestro país, en el cual el orden, finalmente, quede establecido coercitivamente por un Estado autoritario.

La gestión actual de un país, grande o pequeño, pasa indudablemente por articular, no por oponer a los sectores público y privado, y existen ya en nuestro medio ejemplos exitosos de alianzas que han alcanzado logros en el diseño y la implementación de políticas sectoriales, práctica que debe ampliarse, incluyendo a organizaciones no lucrativas que aporten  conocimientos en sus respectivas áreas de acción.

El sector industrial, al cual representa la Unión Industrial Paraguaya, ha padecido durante largo tiempo la ausencia de políticas expresamente orientadas a fortalecerlo, más allá de medidas puntuales que a menudo se contraponen o provocan problemas mayores que los que se pretende solucionar. Un ejemplo claro de ello es que el Paraguay se embarcó en la aventura del Mercosur sin tener en cuenta las enormes asimetrías de las Economías de los países, ni contar con un programa de desarrollo y, eventualmente, complementación industrial con sus vecinos más poderosos.

El contrabando, que sigue azotando de manera cruel a nuestras industrias, tiene que ver sin duda con la debilidad y corrupción de los organismos de control, pero su solución no es sólo la contención o la represión del mismo, ya que se trata de un problema esencialmente económico que no puede resolverse en el marco nacional, sin una coordinación macroeconómica en el contexto del Mercosur con nuestros vecinos. Mientras Argentina y Brasil, no solamente ponen trabas a nuestros productos, sino que subsidian generosamente a los suyos y sustentan una política cambiaria, monetaria y financiera para aumentar su competitividad, nuestro país carece de recursos para acompañar tales medidas.

Los industriales paraguayos apoyamos desde su origen los objetivos del MERCOSUR, aunque expresamos nuestras reservas sobre aspectos que nos situaban en desventaja frente a nuestros poderosos vecinos. Por ello sostenemos que es necesario que los socios avancen en la coordinación de políticas macroeconómicas, de manera que no arrastren a los más pequeños, cada vez que realizan ajustes en función de sus propios problemas internos. A título de ejemplo, nos preocupa que, después de los recientes resultados electorales en Argentina, ese país permita una devaluación más acelerada de su moneda, lo cual dejaría a nuestras industrias en situación agónica frente al masivo ingreso de productos de ese origen.

Una política industrial no es algo que se pueda improvisar sobre la marcha. Requiere además estudios, modelos, cotejo de experiencias ajenas, y una aguda percepción de fortalezas y debilidades de nuestras empresas, y de oportunidades y amenazas que emergen del contexto externo.
 
Por ello, la UIP ha asumido la responsabilidad de convocar, para el próximo mes de setiembre, a un Congreso Industrial, al cual se ha convocado a expertos y a empresarios nacionales y extranjeros, a fin de delinear las políticas de Estado más convenientes para impulsar el desarrollo fabril. Las conclusiones del mismo serán divulgadas en un documento que ofrecerá a las autoridades los delineamientos y estrategias de una política industrial.

A título de ejemplo, nuestro gremio viene propugnando desde tiempo atrás la utilización en el país de la energía generada por las centrales hidroeléctricas. Si bien las reivindicaciones actuales respecto a Itaipú y Yacyretá abren un camino propicio, hay que reconocer que no existen estrategias ni fórmulas claras para la implantación, por ejemplo, de industrias electrointensivas, o para la sustitución de otras fuentes de energía no renovables en el actual parque industrial del país.

Venimos advirtiendo desde tiempo atrás sobre la incongruencia de que la energía disponible de las hidroeléctricas no pueda ser utilizada en el país debido a la falta de redes de transmisión que debieron haberse ejecutado hace varios años. Numerosas industrias encuentran dificultades para instalarse o ampliarse debido a la incapacidad de recibir suministro de energía eléctrica por  esa circunstancia.

Como industriales, no desmerecemos el aporte sustancial a la economía del país de los otros sectores productivos y de servicios. Creemos, sin embargo, que la sustentabilidad del desarrollo económico de un país sólo se alcanza con la consolidación de una actividad industrial moderna y competitiva internacionalmente, capaz de satisfacer la demanda del mercado interno y de los mercados globales.

Un renglón económico que conjuga el uso sustentable de la tierra con la actividad fabril es el de la industria forestal que complemente a una reforestación masiva y planificada, para lo cual es imprescindible la implementación de estímulos adecuados en materia de políticas fiscales y financieras. Famoso por sus bosques de antaño, depredados irracionalmente, Paraguay conserva la feracidad de sus tierras, capaces de sustentar especies vegetales nativas y exóticas, y de ese modo exportar bienes terminados de madera o incluso papel y celulosa, como los países vecinos.

Es muy importante señalar que la inversión pública en infraestructura, prevista para el año en curso  tiene una ejecución presupuestaria muy baja, como el caso de SENASA que tiene financiación de instituciones como JBICE y que dicho préstamo vence a fin de este año.  Algunas de la Instituciones que tienen a su cargo dichos programas tienen ejecución nula como en el caso de CONAVI y SAS. Igualmente las obras de terminación de YACYRETA están con un atraso muy importante y preocupante, teniendo en cuenta que tiene un presupuesto de 300 millones de Dólares Americanos que servirían en gran medida para  de la  reactivación del sector de la Industria de la Construcción con una generación de 15.000 puestos de trabajo.  Señalamos y felicitamos al MOPC que está ejecutando todos sus planes previstos. 
 

Los industriales paraguayos estamos en condiciones de vencer trabas y adversidades, pese a la incomprensión que a veces enfrentan de las entidades públicas. Como ejemplo de ello, el Centro de Industriales Metalúrgicos exhibe, en esta Expo, una torre de soporte para líneas de transmisión eléctrica, de manera a demostrar su capacidad de competir en calidad y precio con los bienes importados. Y en este sentido señalamos la necesidad de que nuestras instituciones públicas tengan realmente,  preferencias sobre los productos de Industria Paraguaya,  ya que a pesar del decreto del P.E. nº 1607 del 2/III/09,  por el cual se establece un margen de preferencia importante para nuestros productos para las compras públicas, en la realidad se siguen direccionando dichas adquisiciones,  hacia productos importados y que en la mayoría de las veces son Empresas Representantes y/o de Portafolios las que son adjudicadas, que ni siquiera tienen un deposito u oficinas alquiladas y ni hablar de la mano de obra nacional que ocupan. Manifestamos que a pesar de dicho decreto, en las instituciones públicas siguen existiendo personas que anteponen sus “intereses particulares” a los intereses del País y del propio PODER EJECUTIVO  de la NACION.

Aunque hay sombras e incertidumbres en el horizonte, tanto regional como globalmente, reiteramos nuestra actitud optimista, expresada al principio de este mensaje. Hacemos nuestra la sensación que a menudo nos transmiten visitantes extranjeros, que al conocer las potencialidades y recursos de nuestro país, expresan su asombro de que no hayamos logrado aun un desarrollo sostenido y satisfactorio para toda la población. Las soluciones para el Paraguay, nos dicen, son relativamente sencillas en comparación con otras naciones, que afrontan problemas harto más complejos y difíciles.

Ensayamos a veces explicaciones que no nos convencen ni a nosotros mismos, como las adversidades históricas y políticas; la corrupción de nuestra clase dirigente; la indolencia proverbial de nuestra gente; la educación deficiente, etc. Pero contrariamente a lo que creen tantos pesimistas y agoreros, creemos que el Paraguay está fatalmente destinado, no al infortunio sino a la prosperidad, por poco que se liberen el talento y la capacidad emprendedora de sus habitantes, y desde el gobierno se proponga y ejecute una estrategia clara de desarrollo.

Insistimos que, para ello, es suficiente que el Estado garantice la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones, defina un rumbo claro hacia dónde dirige su economía, como lo demuestran los países más prósperos y competitivos del mundo, en los que dichos principios estén sostenidos firmemente. Para los principales economistas, esto es más importante para el crecimiento económico, que los recursos humanos, naturales o financieros, porque el suelo nutricio de la estabilidad jurídica atrae recursos que buscan tierra fértil donde germinar.

Igualmente recordamos que el problema principal de nuestra economía es la falta de empleos, sin embargo la SEAM a emitido 2 resoluciones la 1616 y la 1625, por las cuales se impide aumentar la producción en la región occidental o chaco, siendo que esto generaría entre 150.000 a 200.000 puestos de trabajo de mano de obra no calificada con el consiguiente resultado negativo para la producción y la economía nacional.

Como es ya tradicional, sea en épocas de bonanza o de retracción, la Expo 2009 renueva ese optimismo a que hacemos referencia, demostrando que circunstancias difíciles no arredran a los auténticos empresarios y emprendedores, para quienes la crisis es un reto a su ingenio y a su coraje. Recorriendo los stands de esta feria, podremos apreciar, una vez más, el despliegue de la creatividad y la voluntad indomable de seguir construyendo un país más fuerte y unido.

Así como somos muy críticos ante los temas importantes para la nación que no están bien, a su vez resaltamos las cuestiones bien hechas, es así que debemos mencionar que el actual Gabinete de Ministerios está compuesto por personas que gozan de nuestra confianza, como ser El Ministerio del Interior con la Policía Nacional y las Carteras de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Cancillería, Educación y Cultura, Salud Pública y Bienestar Social, Obras Públicas. Como así también el Banco Central del Paraguay.

Como desde hace 28 años, esta Expo es fruto de la unión y la visión compartida de la Asociación Rural del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya. Que la conjunción de esfuerzos que aquí se exhibe sea un ejemplo para una clase dirigencial que a menudo se estanca en cuestiones que nos dividen, antes que aquellas que nos unen y permiten afrontar el futuro con confianza y responsabilidad compartida.
Muchas gracias.

GUSTAVO VOLPE
Presidente UIP